La Sindicatura sospecha de contratos troceados
By admin at enero 8, 2020 | 8:11 pm | Print
El 25% de encargos directos revisados presenta indicios de fraccionamiento
Uno de cada cuatro contratos menores revisados por la Sindicatura de Comptes de los realizados por consellerias en 2018 presentan «indicios de fraccionamiento» del objeto por el cual se practicó el encargo a dedo, adjudicación sin concurso público por tratarse de cantidades inferiores a las que la ley obliga a celebrar procedimientos abiertos. El Informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración de la Generalitat correspondiente al ejercicio 2018, último año auditado, contiene una muestra aleatoria de análisis de la contratación que lleva a cabo el Gobierno valenciano, tanto a través de sus consellerias como de su sector público. Se trata de una revisión muy ligera en comparación con el volumen de gestión de la Generalitat, que anualmente realiza más de 21.000 contratos menores. De ellos, la Sindicatura revisó 44 gestionados a través de las consellerias. De 943 adjudicaciones directas realizadas por el departamento de Presidencia, se cotejaron 14, por un importe de 204.000 euros en su conjunto. Lo mismo se hizo con una veintena gestionados por la Conselleria de Educación, cuyo montante global superó los 374.000 euros, mientras que de Justicia se examinaron una decena (184.000 euros adjudicados). En once se intuye el fraccionamiento.
«Los expedientes revisados contienen, con carácter general, la documentación prevista en la normativa de aplicación, si bien se han observado las siguientes incidencias», señala el informe de la institución estatutaria encargada de auditar la gestión del Consell. La Sindicatura de Comptes señala que «en ocho casos (Presidencia), doce casos (Educación) y tres casos (Justicia), se ha superado el plazo de 30 días previsto para su comunicación al ROCG» (Registro Oficial de Contratos de la Generalitat ). Igualmente, el organismo que dirige Vicent Cucarella señala que se han detectado «indicios de fraccionamiento» en tres contrataciones de Presidencia, cuatro en Educación y cuatro en Justicia. Es decir, en once de los 44 contratos menores revisados hay sospechas de que se fragmentaron las adjudicaciones. De las tres consellerias, llama la atención que Justicia, departamento que dirige Gabriela Bravo, y donde se han revisado 10 contratos menores, acumule el mismo número de indicios de fraccionamiento que Educación, donde se analizaron el doble de contratos.
De este modo, en Justicia, el 40% de adjudicaciones revisadas por la Sindicatura arrojan indicios de fraccionamiento, una manera de esquivar las normas de publicidad y de concurrencia mediante la creación de contratos menores, es decir, encargos por un valor inferior a 40.000 euros si se trata de obras y de menos de 15.000 euros en servicios y suministros. Cuando se fracciona se supone que se intenta evitar trámites, agilizar la gestión. Sin embargo, esa buena voluntad puede esconder, en ocasiones, una intención de sortear controles, la fiscalización sobre las adjudicaciones. El informe de la Sindicatura correspondiente a 2018 señala que el volumen por el cual se realizaron contratos menores descendió respecto al año anterior (en un 14%), pero el número de adjudicaciones aumentó significativamente (en un 61%). Este contraste de tendencias sólo se explica porque se ha reducido el montante de muchos de los encargos practicados por la Generalitat sin concurso ni publicidad. Se contrata por menos, pero se adjudica más a dedo.
A pesar de que desde la Generalitat siempre se esgrime motivos de operatividad para justificar este tipo de prácticas, los órganos auditores contemplan los contratos menores con suspicacia, por tratarse de un ejercicio administrativo que apenas pasa por controles previos. Hace ya un año, la Sindicatura instó a la Generalitat a implantar en cada conselleria «controles informáticos que garanticen la información sobre la contratación menor». Esos sistemas están aún en fase de implantación. Un año antes, en diciembre de 2017, la Sindicatura también advirtió del fraccionamiento, especialmente en el ámbito sanitario, y recomendó «reducir el volumen de los contratos menores y las adquisiciones por compra directa» en esta área.
