El fiscal aprecia prevaricación en la actuación del edil Fuset

By at junio 1, 2019 | 8:00 pm | Print

El fiscal aprecia prevaricación en la actuación del edil Fuset

El responsable encargado de investigar el fraccionamiento afea al concejal que el 75% de lo adjudicado se hiciera a través de contratos menores para eludir la publicidad

Pere Fuset ahora sí que tiene un problema. Hasta la fecha se defendía de la investigación judicial por fraccionamiento de contratos con el argumento de que todo era una maniobra orquestada por el asesor del PP, Luis Salom, para lastrar la acción de Gobierno. Pero ese discurso, después del informe del fiscal en el que solicita la citación del concejal como investigado, ha quedado algo debilitado. El ministerio público considera que la actuación del edil encaja a la perfección en el delito de prevaricación, castigado con pena de inhabilitación de nueve a quince años.

El fraccionamiento de contratos, por sí mismo, no es delictivo. En otras ocasiones, la fiscalía se ha pronunciado en este sentido. Se necesita de un plus en la actuación del investigado, explicaban. El ministerio público, en el informe que ha desembocado en la citación de Fuset, afea la actuación del edil. Así, repasa las adjudicaciones en el periodo analizado (enero de 2016 a mayo de 2018) y concluye que el 75% de todo el importe contratado se ha realizado a través de contratos menores. En cifras, esto se traduce en 4,8 millones de euros en adjudicaciones y 3,8 a través de la contratación directa. En ambas estadísticas queda excluido el IVA. El fiscal aclara que si bien esta modalidad está prevista en la Ley, se trata de un mecanismo «excepcional» pues no se ajusta a los principios rectores de publicidad, transparencia e igualdad entre proveedores. De hecho, la ley prevé «especiales garantías» para el cumplimiento de estas funciones y de ahí la prohibición del fraccionamiento. Aprovecha su informe el fiscal para citar el contenido de la Ley de Contratos del Sector Público: «No se podrá fraccionar un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía y eludir la publicidad».

El ministerio público, tras analizar los dosieres de la Intervención del Ayuntamiento y el trabajo encargado a la Udef sobre los vínculos de los beneficiarios con el grupo Compromís, ha propuesto la declaración como investigado de Fuset. El responsable de las diligencias considera que existen «abundantes pronunciamientos jurisprudenciales» que indican que el incumplimiento de las normas al fraccionar artificiosamente la cuantía de una obra o la prestación de un servicio eludiendo la convocatoria pública «es una acción en la que cabe apreciar todos los elementos que conforman la prevaricación».

«La contratación directa, aunque está en la ley es excepcional», advierte el escrito

El edil, contactado ayer por LAS PROVINCIAS, no quiso hacer declaraciones. Fuset ya se encontraba personado en el procedimiento en calidad de investigado. La jueza decidió encargar una serie de diligencias antes de citarlo. Una forma de actuar que probablemente hizo confiar a Fuset en que la instructora finalmente no le llamaría. Pero el informa del fiscal no dejaba otra posibilidad que su citación.

El procedimiento está prácticamente finalizado a la espera de la declaración del concejal. Tras sus explicaciones, la jueza decidirá si su conducta es constitutiva de delito y decide procesarlo o si, por el contrario, archiva el caso. La tesis del fiscal, al margen de las explicaciones que ofrezca el investigado, parece ya clara con este informe. La Intervención General del Ayuntamiento de Valencia había detectado una serie de irregularidades en las contrataciones que el concejal Pere Fuset realizó para diferentes eventos de su departamento como Expojove, la Feria de Julio y las Cabalgatas de Reyes. Las conclusiones de la Intervención -la jueza les solicitó un informe el pasado año- apuntalan la existencia de un fraccionamiento de contratos. De acuerdo a la naturaleza de los servicios contratados, los especialistas consideran que debería realizarse un único proceso administrativo.

Así, entre los pagos cuestionados por el órgano supervisor aparecen la Gran Fira Valencia 2016, dos ediciones de Expojove, la Feria de Julio, la Batalla de Flores y la Cabalgata de Reyes. En estos dos últimos eventos, las discrepancias se centran en el alquiler de las carrozas. Las mercantiles supuestamente beneficiadas por la concejalía que dirige Fuset son Regesmit SLU; Mathena Producciones SL; Espectáculos AMB Producciones SL; y Enmovyment Cocop. Val. Las pesquisas de la Udef arrojaron otras sociedades, pero con contratos de menor importancia. En definitiva, la Intervención resuelve que en algunos de los expedientes analizados existiría una unidad funcional y operativa que aconsejaría su tramitación en un único procedimiento.

Hasta la fecha, Fuset podía presumir de numerosos archivos ante las ofensivas judiciales de Luis Salom, el asesor del PP que durante toda la legislatura ha buscado una imputación -o mejor dicho, un procedimiento- que pusiera en entredicho su labor en el Ayuntamiento de Valencia. Pero el asunto de Instrucción 2 es el único que, por el momento, parece reunir más indicios para prosperar judicialmente. Atrás quedan los sobreseimientos por las irregularidades en la pasarela peatonal de Fallas o supuesto fraccionamiento en los carteles de las fiestas Josefinas.

No obstante, no es el asunto de Expojove el único que le mantiene como investigado en un juzgado. Recientemente compareció ante el juez de Instrucción 18 por el accidente laboral que terminó con la vida de un empleado durante el montaje de las gradas de los conciertos de la Feria de Julio de 2017, celebrados en Viveros. El responsable de Compromís se esforzó durante su declaración por subrayar su papel político. De hecho, se escudó en los técnicos municipales para justificar que diera el visto bueno a la instalación de las gradas.

fuente: lasprovincias

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